Ley de Economía Digital en México: qué propone y cómo podrían cambiar los pagos

México podría avanzar hacia un uso mucho más amplio de los pagos electrónicos. En septiembre de 2026, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. La propuesta busca impulsar medios de pago digitales, facilitar la contratación de servicios financieros por internet y ampliar su aceptación en el sector público y en el privado.

Sin embargo, hay una aclaración fundamental: la propuesta todavía se encuentra en proceso legislativo. Por lo tanto, sus disposiciones no deben tomarse hoy como nuevas obligaciones vigentes para empresas o contribuyentes.

Además, conviene leer el proyecto como una dirección de política pública y no como una regla que ya deba aplicarse en la operación diaria.

¿Qué es la Ley de Economía Digital?

La iniciativa se presentó en septiembre de 2026 ante la Cámara de Diputados. En concreto, plantea un marco jurídico específico para promover medios de pago electrónicos y digitales en México.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, uno de sus objetivos es reducir la brecha entre la infraestructura de pagos que ya existe y su uso efectivo por parte de la población.

México ya cuenta con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), además de herramientas como CoDi y Dimo. Asimismo, la propuesta busca incrementar el uso de estos mecanismos. El SPEI opera bajo la administración del Banco de México.

Mayor aceptación de pagos electrónicos

Uno de los puntos centrales es ampliar la posibilidad de pagar bienes, servicios y trámites con medios electrónicos y digitales.

El proyecto prevé acciones para que proveedores de bienes y servicios, así como autoridades de los tres órdenes de gobierno, habiliten la infraestructura necesaria para recibir este tipo de pagos.

También contempla informar a los usuarios cuáles medios digitales están disponibles. En consecuencia, se implementarían medidas para atender contingencias que impidan temporalmente su uso.

Esto podría obligar a negocios y organizaciones a revisar cómo cobran, si la iniciativa se aprueba en los términos planteados.

El gobierno también tendría que aceptar pagos digitales

Esa transformación no estaría limitada al sector privado.

El texto contempla que las autoridades federales, estatales y municipales realicen las acciones necesarias para aceptar pagos electrónicos y digitales en trámites y servicios.

Así, la digitalización aplicaría tanto en operaciones comerciales como en la relación de las personas con las instituciones públicas.

La CURP Digital y la contratación de servicios financieros

Otro cambio relevante está en la identificación de las personas al contratar servicios financieros por medios digitales.

El proyecto propone que la CURP Digital sea aceptada como un mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros, conforme a las disposiciones que emitan las autoridades competentes.

Esto no significa, según el texto presentado, que sea el único mecanismo disponible. Las personas usuarias podrían utilizar la CURP Digital u otro mecanismo de identificación oficial.

Por eso, se facilitarían operaciones que hoy pueden exigir trámites extra de identificación y habría más contratación de productos financieros a distancia.

¿Desaparecerá el efectivo en México?

No. La iniciativa no plantea la desaparición general del efectivo.

Sin embargo, este punto merece atención especial.

El proyecto contempla determinar sectores estratégicos o actividades relevantes en los que los medios digitales tengan un papel obligatorio o exclusivo. Esa definición quedaría sujeta a disposiciones posteriores.

Por ello, todavía no es correcto afirmar que determinados negocios tendrán prohibido recibir efectivo.

Los sectores y las reglas aplicables dependerían de la regulación correspondiente, en caso de que el Congreso apruebe la iniciativa.

Además, cuando una contingencia imposibilite cobrar con medios electrónicos o digitales, podría permitirse el pago en efectivo o con cheque.

¿Qué papel tendría el Banco de México?

El Banco de México participaría en el desarrollo del ecosistema de pagos digitales previsto en la iniciativa.

Esto resulta relevante porque hoy administra infraestructura fundamental para los pagos electrónicos en el país.

El SPEI, por ejemplo, permite enviar y recibir transferencias entre cuentas de distintas instituciones y opera con disponibilidad continua.

También existen mecanismos como CoDi, para cobrar y pagar con transferencias y códigos QR, y Dimo, que facilita transferencias con el número de teléfono asociado a una cuenta.

En ese sentido, la iniciativa busca aprovechar y ampliar la infraestructura digital que ya existe.

Qué podría cambiar para empresas y negocios

Si el proyecto se aprueba y después entra en vigor, las empresas podrían tener que revisar la forma en que reciben pagos de sus clientes.

Según el texto definitivo y la regulación secundaria, algunos negocios tendrían que habilitar o fortalecer mecanismos para cobrar por medios electrónicos.

Esto puede involucrar aspectos como:

• Infraestructura para recibir pagos digitales.
• Transferencias electrónicas entre cuentas.
• Códigos QR u otros mecanismos compatibles.
• Conciliación de operaciones y conciliación bancaria.
• Registro y control de movimientos.
• Identificación de cada pago recibido.
• Integración de la información financiera, incluida la facturación con CFDI 4.0.

El alcance concreto dependerá de lo que apruebe el Congreso y de las reglas que emitan después las autoridades competentes.

¿La iniciativa crea nuevos impuestos?

Esta propuesta para pagos digitales y electrónicos no debe confundirse con el régimen fiscal de las plataformas digitales.

México ya tiene reglas fiscales para ciertas actividades hechas mediante plataformas tecnológicas. La Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado regulan a quienes obtienen ingresos por plataformas, aplicaciones y servicios de intermediación digital.

El enfoque de la nueva iniciativa es distinto: busca principalmente promover y ampliar los pagos electrónicos y digitales.

Por lo tanto, referirse a este proyecto no significa que se cree de forma automática un nuevo impuesto por pagar o cobrar en línea.

¿Ya deben prepararse las empresas?

Por ahora, lo más importante es dar seguimiento al proceso legislativo.

Al tratarse todavía de una iniciativa, el proyecto puede analizarse, discutirse y modificarse en el Congreso antes de convertirse en ley.

Por ello, las empresas no deberían dar por definitivas las obligaciones que hoy aparecen en el texto.

Aun así, la propuesta muestra una dirección clara hacia una mayor digitalización de los pagos en México.

Para quienes todavía dependen en gran medida del efectivo, o identifican y concilian cobros de forma manual, puede ser un buen momento para revisar sus procesos. Una contabilidad electrónica ordenada ayuda a relacionar cada cobro con la operación que le corresponde.

¿Qué sigue con la Ley de Economía Digital?

Al 18 de septiembre de 2026, la propuesta continúa dentro del proceso legislativo.

Esto significa que todavía habrá que revisar el texto que se apruebe, si el Congreso decide aprobarlo, su publicación en el Diario Oficial de la Federación y las disposiciones secundarias. Solo entonces podrá saberse con precisión qué obligaciones deberán cumplir empresas, instituciones y autoridades.

La diferencia es importante: hoy estamos frente a una iniciativa, no frente a una nueva obligación general ya vigente.

Digitalización: más allá de la forma de pago

El proyecto refleja un cambio más amplio en la forma en que se realizan y documentan las operaciones económicas en México.

Recibir un pago por medios electrónicos es solo una parte del proceso. Para las empresas también importa identificar cada movimiento, relacionarlo con sus operaciones y mantener ordenada la información financiera.

En ese contexto, la automatización administrativa y contable puede ganar relevancia conforme aumente el volumen de operaciones digitales.

Conclusión

En conclusión, la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca acelerar los pagos digitales en México y aprovechar infraestructura que ya existe, como SPEI, CoDi y otros mecanismos electrónicos.

Entre sus propuestas están ampliar la aceptación de esos pagos, incorporar la CURP Digital a ciertos procesos de contratación financiera y permitir reglas especiales para algunos sectores o actividades.

Pero el punto más importante hoy es distinguir entre propuesta y ley vigente.

Al 18 de septiembre de 2026, el proyecto todavía se encuentra en proceso legislativo. Por ello, empresas y contribuyentes deben seguir las modificaciones que pueda hacer el Congreso y, en su caso, la publicación y la regulación posterior.

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