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ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA TODOS

"El contrato de arrendamiento financiera ofrece la oportunidad de disfrutar un bien a través del pago de rentas mensuales que cubran su costo".

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Hoy en día los contratos de arrendamiento financiero tienen mucho auge entre las empresas, pues les permiten acceder a bienes de alto valor sin la necesidad de comprometer su liquidez, tienen garantizado el uso de aquellos mediante el pago de rentas por un plazo determinado, contando con la opción de adquirirlos al final del lapso convenido.

Sin embargo, aún permanece cierto titubeo respecto a si es necesario o no contar con una autorización federal para llevar a cabo tales contratos. En ese entendido, estimamos prudente ofrecer a nuestros lectores el estudio del arrendamiento financiero, es decir, su definición y regulación jurídica, no sin antes dar una breve explicación sobre la desvinculación de esta actividad del sector auxiliar del crédito.

Derivado de esos cambios, en la LGOAAC se eliminó del texto del artículo 5o la autorización de la SHCP para la constitución y operación de las arrendadoras financieras y se derogó el Capítulo II relativo a estas últimas; por lo tanto, el convenir operaciones de arrendamiento financiero dejó de ser una tarea exclusiva de las arrendadoras financieras que contaran con una autorización.

Actualmente, el arrendamiento financiero está regido por la LGTOC dentro de su Capítulo VI (de los numerales 408 al 418) que prevé únicamente requisitos formales para su validez, pero ninguno que implique autorización alguna.

El arrendamiento financiero es un contrato en virtud del cual la arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una persona física o moral (arrendatario), constriñéndose ésta a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una cantidad de dinero determinada o determinable que cubra el valor de adquisición de dichos bienes, las cargas financieras y los accesorios, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones previstas en la LGTOC que posteriormente se abordan.

La doctrina ha sostenido una acalorada discusión para determinar la naturaleza jurídica de estos contratos, señalando por un lado que se trata de una compraventa a plazos o un arrendamientosui generis, mientras que otros más afirman que es un contrato mixto, al incluir tanto un arrendamiento como una promesa unilateral de venta por parte del arrendador.1

Si se estipula que la entrega material de los bienes sea realizada directamente al arrendatario por el proveedor, fabricante o constructor, en las fechas previamente convenidas, aquel quedará obligado a emitir constancia del recibo al arrendador.

Para tales efectos, el arrendador proporcionará al arrendatario los documentos necesarios para que esté legitimado para recibirlos directamente (art. 411, LGTOC).

La obligación de sufragar el precio se iniciará a partir de la firma del contrato, aunque no se haya hecho la entrega material de los bienes objeto del arrendamiento financiero, salvo pacto en contrario.

De pactarse que se den, por parte del arrendador, a los proveedores, fabricantes o constructores de los bienes objeto del contrato que, por su naturaleza, ubicación o proceso de producción, no sean entregados en el momento en que se pague su precio o parte del mismo, el arrendatario quedará obligado a satisfacer al arrendador una cantidad de dinero, determinada o determinable, que cubrirá únicamente el valor de las cargas financieras y demás accesorios de los anticipos hasta en tanto se entregue el bien respectivo, condición que estará contenida en el mismo convenio.

En el supuesto anterior, las partes convendrán el lapso durante el que se amortizarán los anticipos, después del cual el arrendatario los cubrirá en el arrendamiento financiero con las características y condiciones estipuladas (art. 408, LGTOC).

Distinguir las divergencias entre ambos arrendamientos es vital, pues es una cuestión que no se limita a la doctrina, y trasciende al fondo del negocio.

Esto se reafirma no solo al considerar que el objeto de cada uno es distinto, sino también con la legislación aplicable a ellos: la LGTOC para el financiero y el Código Civil Federal (CCF) para el puro.

 

 

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